El 3 de octubre de 1945, el entonces Ministro de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, promulgó el decreto 23.852/45, que creaba el discrecional régimen de personería gremial.
En el nuevo ordenamiento legal, el Estado decidía por sí quien era merecedor de los privilegios que otorgaba dicha personería. Los que quedaban afuera, simplemente inscriptos, no tenían derecho a nada.
La esencia del decreto se mantuvo inalterada hasta la sanción de su última versión, la ley 23.551 y el decreto 467 en el año 1988, vigentes hasta hoy.
El monopolio de la representación bajo control estatal (mal llamada “unicidad promovida”) permitió en diversos momentos históricos garantizar la gobernabilidad frente al "desborde" de las luchas obreras de base. El Cordobazo, las Coordinadoras Intersindicales de 1975, la lucha ferroviaria y estatal contra las privatizaciones en los noventa son solo algunos ejemplos.
A partir de comienzos de este siglo, la CTA se presentó ante la OIT para denunciar que el régimen del unicato violaba el convenio 87. Eso motivó el viaje de diversas misiones de la OIT a la Argentina y 13 condenas al Estado por no impulsar una reforma que adecuara nuestro régimen a la normativa internacional. A pesar de ello, después de 37 años, la 23.551 sigue vigente.
Fue la Corte Suprema, a partir de 2008, la que demolió el edificio conceptual de la ley 23.551. Lo hizo en cuatro fallos: ATE-1, ATE-2, Rossi Hospital Naval y jerárquicos de peajes. Éstos tendieron a igualar a la cenicienta del sistema, los sindicatos con simple inscripción, con los sindicatos con personería, dándole derecho de inmunidad a sus delegados, impulsando su participación en los convenios colectivos y declarando inconstitucional el artículo 31, inciso A, de la ley 23.551, que es el que se refiere a la personería gremial. Jerárquicos de peajes estableció la igualación de los regímenes de personería e inscripción a los efectos del descuento de la cuota sindical.
La dirigencia sindical tradicional amenazó entonces con la huelga general si esos fallos se traducían en la adecuación de la norma legal. Por eso, la 23.551 sigue incólume y las diversas patronales y gobiernos provinciales, nacionales y municipales la utilizan para negar derechos a las organizaciones libres de los trabajadores. Hoy, la lucha por la libertad sindical y por un nuevo modelo están más presentes que nunca.
Desde la sanción de la Ley Bases en 2024, y a partir de las movilizaciones callejeras por el 24 de marzo y las marchas contra los dichos misóginos, por las universidades y por la salud pública, se desarrolló una tensión entre las conducciones sindicales que aceptaban los despidos masivos, la rebaja salarial y la reforma laboral y aquellos que proponíamos unir fuerzas en las calles para poner límites al modelo autocrático del mileismo, compartido por muchos gobernadores. En esa unidad en la diversidad, desde Fesprosa seguimos proponiendo el debate sobre la necesidad de un nuevo modelo sindical. Debate que no debe soslayarse en pos de la necesidad de unificar fuerzas contra el enemigo común.
En tanto sigamos maniatados por un régimen que entroniza burocracias y condena a los líderes obreros de base independientes, no vamos a poder lograr que la acción de los trabajadores se despliegue con toda la fuerza de la que es capaz.
80 años son suficientes. Ya es hora de discutir seriamente un nuevo modelo sindical que recupere lo mejor de la tradición de lucha del movimiento obrero argentino: independencia de los partidos, los patrones y el Estado; pluralismo y democracia de base.
Secretariado Nacional de Fesprosa
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